El juez de Garantías Mario Velázquez rechazó el pedido de sobreseimiento del sacerdote Pablo Simón Valdés, imputado por presuntos abusos sexuales agravados por su condición de ministro de culto contra una adolescente en Tucumán. Según informó Enterate Noticias, la resolución también cuestionó el criterio adoptado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y dispuso remitir las actuaciones al Fiscal Regional para que revise lo actuado. Con esa decisión, la continuidad del proceso quedará supeditada a esa instancia.
El pedido de sobreseimiento y la postura de la querella
El fiscal Gerardo Salas había solicitado el sobreseimiento definitivo del sacerdote, de 54 años. Según la postura fiscal, entre el religioso y la denunciante, que tenía entre 14 y 16 años al momento de los hechos, existió una relación afectiva consentida.
La querella, representada por Martín González y Luciana Gramaglio, se opuso al planteo. Sus representantes cuestionaron la valoración de las pruebas y señalaron la asimetría de poder entre la adolescente y el religioso, quien era una autoridad eclesiástica y además su confesor personal.
De acuerdo con lo informado por la querella, el juez consideró que la hipótesis de un noviazgo no se correspondía con los elementos reunidos en la causa. El magistrado también calificó la actuación fiscal como arbitraria y superficial, y advirtió sobre un posible sesgo de confirmación en la interpretación de las pruebas.
Alertas sobre violencia institucional y tratados internacionales
En los fundamentos de la resolución, el juez alertó sobre posibles situaciones de violencia institucional y revictimización. Además, mencionó las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre los instrumentos citados aparecen la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño, según la información difundida por Enterate Noticias.
Las víctimas reclaman ser escuchadas, y el proceso judicial debe garantizar que no vuelvan a ser expuestas a situaciones de revictimización.
El reclamo de sobrevivientes de abusos eclesiásticos
En paralelo, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos reclamó que la causa avance hacia un juicio oral y público. En diálogo con Enterate Play 90.5, la psicóloga Liliana Rodríguez, integrante de la organización, sostuvo que ser escuchadas constituye una reparación fundamental para las víctimas de abusos dentro de la Iglesia.
La especialista describió mecanismos de manipulación basados en la confianza y en la autoridad religiosa. Asimismo, destacó la importancia de los informes psicológicos para comprender las secuelas del abuso.
Rodríguez también cuestionó la falta de perspectiva de género en determinadas actuaciones judiciales. Advirtió, además, sobre el impacto que puede tener el archivo de causas en otras personas que evalúan denunciar.
La organización planteó la necesidad de garantizar investigaciones independientes de las influencias políticas y religiosas. Una de las notas relacionadas con el caso identifica al sacerdote como el cura de Simoca, aunque las fuentes consultadas no detallan más sobre su vínculo con esa localidad.
Con la intervención del Fiscal Regional, el expediente quedará bajo revisión de una instancia superior dentro del MPF. Las fuentes consultadas no informan una fecha para esa decisión ni si se fijará un juicio oral.
