El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice una auditoría integral sobre la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El pedido fue dirigido a su presidente, Juan Manuel Olmos, y llega a pocas semanas de la fecha límite fijada para la firma del contrato que determina el traspaso de la empresa al sector privado, según informaron La Nación y Noticias Argentinas.
Michel pidió que el organismo incluya la revisión en el Programa Operativo Anual 2026 y que el informe sea remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso antes del 1° de marzo de 2027. El legislador integra esa comisión, lo que le otorga la facultad de solicitar la investigación del proceso de transferencia, de acuerdo con La Nación. Michel es exdirector general de la Aduana y cercano a Sergio Massa.
En su presentación, el diputado solicitó que la auditoría abarque la gestión, lo financiero y el cumplimiento del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones del Estado nacional en AySA. Según planteó, el requerimiento se enmarca en el artículo 7° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró sujeta a privatización a la empresa, y lo formuló sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de esa misma norma.
La adjudicación de la licitación
El Gobierno nacional adjudicó el 22 de octubre la licitación para privatizar AySA por US$340,2 millones. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La norma dio por aprobada la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional y adjudicó el proceso al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por la comisión evaluadora.
El consorcio ganador está integrado por Rowing SA, vinculada con Walter Román; Arcos Saneamento e Participações SA; PHX Aqua AR BV y Transclor SA, de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”. La firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones previstas serán las próximas instancias, y la fecha límite para la rúbrica se fijó para el 13 de noviembre.
La operación contempla la venta del 90% de las acciones de la compañía que pertenecen al Estado nacional. AySA presta servicios de agua potable a 14 millones de personas. Según la resolución, el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada que gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.
Diferencias con el marco legal
La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en el decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal. Según describió La Nación, la modalidad prevista contemplaba la transferencia de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública, junto con la venta del remanente de acciones que no se enajenaran por ese procedimiento.
Sin embargo, la licitación adjudicada comprende la totalidad de las acciones que posee el Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social. Es sobre esa venta total que Michel solicitó la auditoría. Además del precio, la concesión ganadora deberá invertir US$1.940 millones en el primer quinquenio y US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión, que vence en 2056 y admite una prórroga de 10 años más.
Las metas para la primera década prevén que la cobertura de agua pase del 75,3% actual al 78,9%, y la de cloacas, del 63,9% al 65,3%.
Cuestionamientos del legislador
Michel había cuestionado la operación la semana anterior en declaraciones radiales. Al referirse al impacto sobre los usuarios, afirmó: “Nosotros podemos hablar de números, pero al final del día estás hablando del agua de la gente y a quién le vas a reclamar cuando le corten el agua a un vecino de González Catán”.
En esa misma intervención, el diputado preguntó quién respondería a los reclamos de los usuarios: “¿Le van a mandar una carta al fondo de inversión de Holanda? ¿Quién le va a contestar?”. Y agregó: “Están avanzando sobre cuestiones básicas de las personas”.
Según Ámbito, en paralelo el organismo de control ya aprobó revisar la licitación de la Hidrovía y la prórroga a Aeropuertos Argentina. Las fuentes consultadas no informan si la AGN respondió todavía al pedido de Michel.
