La Cámara de Diputados busca avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, conocido como “Ley Malvinas”, en medio de negociaciones con los bloques aliados y de la presión del Gobierno de Estados Unidos. Según Data Clave, el oficialismo intentaría dictaminar la iniciativa este martes, mientras que BAE Negocios informó que el dictamen quedaría para más adelante por falta de consensos.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto está previsto para las 16. La reunión había sido convocada originalmente para la semana pasada, con la intención de incluir el proyecto en la sesión del miércoles. Sin embargo, el titular de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, presentó una nota en la que informó que el encuentro se postergaba hasta el martes 27. Desde el oficialismo reconocieron que necesitaban “tiempo” para negociar el dictamen.
La presión de Estados Unidos
De acuerdo con Data Clave, el principal motivo de la prórroga fue la presión de Washington, que quedó expuesta durante la visita del subsecretario de Estado Christopher Landau y del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. En una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, Landau reconoció la “preocupación” del Gobierno de Donald Trump por el endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas a actividades en el Atlántico Sur.
Según la misma fuente, el temor estadounidense es que las sanciones alcancen a filiales, fondos de inversión, intermediarios financieros y proveedores con sede en territorio norteamericano. Ante esos planteos, Landau afirmó: “Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es verdad que cualquier país se preocupa por eso”. Pese a esas declaraciones, el funcionario señaló que su Gobierno “respeta” el proceso legislativo argentino.
Clarín informó que el Gobierno modificó un artículo clave del proyecto, en particular el régimen de sanciones, para evitar que las empresas filiales que operan en las islas queden alcanzadas por las penalidades. Según el mismo medio, Washington había advertido sobre el impacto que ese artículo tendría en las inversiones norteamericanas.
La posición del Gobierno
Luego de una semana de negociaciones, el vocero presidencial Adrián Ravier comunicó este sábado definiciones sobre la iniciativa. Según detalló, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, se reunió con diputados de distintos bloques y recibió aportes del PRO, el MID y el PJ.
En su cuenta de X, Ravier expresó: “Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”. El portavoz agregó: “La Ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos”.
Por su parte, el canciller Quirno sostuvo que la iniciativa “no va en contra de nadie en particular”. Según sus palabras, la norma otorga a las empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre “una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”.
Qué contempla el proyecto y qué sigue
Según BAE Negocios, el proyecto contempla un esquema de sanciones para empresas que operen en el área de las Islas Malvinas sin autorización argentina. El texto fue analizado en cuatro reuniones plenarias, en las que expusieron funcionarios nacionales, especialistas y exfuncionarios vinculados a la cuestión Malvinas.
La misma fuente indicó que la falta de consenso motivó el reclamo de otros bloques, que piden dividir el proyecto en dos partes: por un lado, todo lo referido a la cuestión Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, las modificaciones vinculadas a inteligencia, seguridad, protección de infraestructura crítica y delitos relacionados con campañas de desinformación. En ese marco, el Gobierno comenzó a mostrar disposición a introducir cambios para acercar posiciones.
Las fuentes consultadas no coinciden sobre el resultado de la reunión del martes. Mientras el oficialismo apunta a conseguir el dictamen, la postergación y los cambios en el régimen de sanciones aparecen como los puntos centrales de la discusión. Hasta el momento, el proyecto no fue tratado en el recinto.
