La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, respondió al pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que reclamaba precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico del presidente Javier Milei. En su contestación, el organismo sostuvo que el mandatario ocupa un cargo de elección popular, en los términos y con los requisitos previstos en la Constitución Nacional, y afirmó que se considera competente en lo relativo a la Ley de Empleo Público. El gremio calificó la respuesta de “incompleta y evasiva” y anunció que insistirá con su reclamo, según informaron Infogremiales, El Diario y Clarín.
El pedido de ATE y la respuesta oficial
De acuerdo con El Diario, el pedido original se presentó en septiembre, cuando el Consejo Directivo de ATE solicitó información sobre la aptitud psicofísica del jefe de Estado ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Presidencia de la Nación. Según Infogremiales, la Jefatura de Gabinete recibió la nota con copia a Presidencia y la derivó a la Secretaría General de la Presidencia, que fue la que finalmente contestó.
La respuesta fue firmada por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Presidencia, de acuerdo con El Diario. Clarín también señaló que el documento fue emitido por el área de Recursos Humanos. Sin embargo, el texto citado por las fuentes no menciona certificados médicos ni estudios sobre la salud del presidente, que era el punto central de la queja sindical.
El Diario remarcó que la contestación llegó desde la Secretaría General de la Presidencia, un espacio vinculado a la jefatura del Estado, y no desde un área de menor jerarquía. Ese dato, según el medio, amplía la discusión sobre quién debe responder por la aptitud del mandatario.
Los argumentos del gremio
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la respuesta oficial “es incompleta y evasiva” y que, a juicio del sindicato, no cumple con “los requisitos legales mínimos”. Para el dirigente, deberían adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. “La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, sostuvo.
Aguiar también comparó la exigencia con los exámenes preocupacionales que deben aprobar los empleados públicos para ingresar a la Administración Pública Nacional. Según citó Infogremiales, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, en su artículo 4, inciso c), condiciona el ingreso a la previa acreditación de la aptitud psicofísica para el cargo. Esa documentación, según el gremio, no fue enviada en la respuesta oficial.
En el mismo sentido, el dirigente recordó antecedentes de otros presidentes. Mencionó a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, y señaló que en esos casos existieron partes médicos oficiales firmados por equipos de hospitales y fundaciones. “No nos pueden responder con un papelito”, planteó.
Próximos pasos y el planteo de fondo
ATE anunció que en las próximas horas enviará un pedido adicional para que se publique documentación firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Milei. El reclamo inicial se apoya en el artículo 88 de la Constitución Nacional, que el gremio vincula con la transparencia y la confianza ciudadana en el ejercicio de la primera magistratura.
Aguiar también cuestionó algunas apariciones públicas recientes del presidente, en particular en Neuquén y en Madrid, a las que describió como preocupantes. Según el dirigente, las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestran una falta de capacidad para actuar racionalmente. Estas valoraciones corresponden exclusivamente al sindicato y no fueron respondidas en las fuentes consultadas.
Como parte de su estrategia, ATE impulsará una iniciativa para que, a partir de 2027, quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico. El gremio aclaró que no alienta especulaciones sobre la salud del presidente, aunque sostuvo que una respuesta incompleta “genera más rumores que certezas”.
Por ahora, el Gobierno no amplió su respuesta más allá de la invocación de la Constitución Nacional y de la competencia en materia de empleo público. La discusión queda planteada entre el derecho del Estado a reservar información personal del mandatario y la exigencia del gremio de transparencia para quien ocupa la máxima magistratura.
