La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve investigados en la causa $LIBRA, y pidió reabrir la investigación. Según informaron BAE Negocios, Diario Popular, Primera Fuente y La Gaceta, el organismo sostiene que existen indicios de una maniobra "defraudatoria" que aún no fueron esclarecidos.
Su titular, Sergio Rodríguez, considera que la pesquisa está lejos de terminar. El planteo contradice la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien había pedido los sobreseimientos que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi concedió el 23 de octubre.
Un reclamo que contradice al fiscal de la causa
Rodríguez comunicó que asumía el ejercicio de la acción penal e interpuso una apelación subsidiaria. De ser rechazado su pedido, la Cámara Federal podría revisar la decisión del juzgado.
Para la PIA, la Justicia no evaluó de manera completa las pruebas reunidas y dejó numerosas líneas de investigación sin explorar. Entre las medidas pendientes mencionó el rastreo de operaciones con criptomonedas mediante tecnología blockchain, el análisis de teléfonos celulares y la reconstrucción de movimientos de dinero entre los involucrados.
En ese sentido, Rodríguez afirmó: "La investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba". El fiscal cuestionó que se descartaran los análisis de blockchain por falta de software especializado, sin buscar alternativas, y que todavía no se completaran peritajes sobre dispositivos electrónicos relevantes.
El mercado de memecoins y la hipótesis de la causa
El organismo también rechazó que el carácter especulativo y poco regulado de las memecoins permita descartar responsabilidades penales. Según la PIA, ese mercado no puede funcionar como un "cheque en blanco" para quienes promocionaron el activo.
"El caso investiga si 'LIBRA' se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir", señaló Rodríguez.
A su entender, las pruebas muestran señales de una posible "concertación defraudatoria" que todavía debe investigarse.
Críticas al fallo y a un informe técnico
La presentación también cuestiona los fundamentos del sobreseimiento. Rodríguez consideró que la resolución presenta una "perspectiva parcializada", porque se concentra en el funcionamiento del mercado de criptomonedas antes que en las conductas de quienes participaron del lanzamiento.
El fiscal fue especialmente crítico con el tratamiento de un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), cuya filtración a la prensa también fue objetada. Para Rodríguez, los argumentos empleados resultan "antojadizos, más propios de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente".
La intervención de la PIA respondió a un pedido de dos organizaciones que participan como amicus curiae: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas habían cuestionado la actuación de Taiano y reclamado que un organismo especializado impulsara las medidas pendientes.
Los damnificados también recurren
La ofensiva de la PIA se suma a los recursos presentados por los damnificados, quienes fueron apartados como querellantes y todavía esperan una resolución sobre su situación procesal. Uno de los reclamos corresponde a Juan Patricio Marchetto, representado por Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Sus abogados sostuvieron que, si las pruebas resultaban insuficientes, correspondía continuar la investigación o dictar la falta de mérito, y no concluir de forma anticipada que los hechos denunciados no constituían delitos.
Por separado, Martín Romeo y dos inversores bielorrusos rechazaron que el desplome de $LIBRA respondiera al riesgo propio del mercado. Denunciaron una presunta estafa planificada mediante operaciones con información privilegiada y señalaron movimientos millonarios de billeteras digitales anteriores a la publicación con la que Milei promocionó la criptomoneda, el 14 de febrero de 2025.
El próximo paso será la resolución del Juzgado Federal 8, a cargo interinamente de Daniel Rafecas durante la licencia de Martínez de Giorgi, que deberá pronunciarse sobre el planteo de la PIA. Si lo rechaza, la discusión podrá llegar a la Cámara Federal. Por ahora, la decisión de cerrar la causa enfrenta una nueva disputa judicial sobre las pruebas que todavía faltan producir.
