La Justicia federal argentina reúne pruebas para determinar si hubo encubrimiento o irregularidades durante el paso del senador brasileño Flávio Bolsonaro por el país, antes de su viaje a Estados Unidos. De acuerdo con lo publicado por Canal 26 y El Cronista, la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó informes a distintos organismos del Gobierno nacional, incluida la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de una denuncia penal.
La investigación busca establecer si Bolsonaro ingresó y salió del país cumpliendo las normas vigentes, pese a tener una prohibición judicial de abandonar Brasil. La causa se tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y se inició a partir de una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales.
Según el medio El Cronista, la presentación acusa a los funcionarios de inteligencia, seguridad y diplomacia por los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el pedido de informes es una medida inicial de investigación y no implica que se haya probado un delito. Esas acusaciones deberán ser determinadas por la investigación judicial.
Qué documentación pidió la Justicia
Entre las medidas solicitadas figuran los registros de ingreso y egreso de Migraciones, los movimientos de las fuerzas de seguridad que operaron en la frontera de Misiones, los registros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las listas de pasajeros y los manifiestos de vuelo. También se busca saber bajo qué órdenes actuaron los efectivos que participaron de la custodia de Bolsonaro.
La denuncia también pide que Cancillería informe si hubo comunicaciones diplomáticas, notas verbales o pedidos de cooperación internacional vinculados con el senador durante el período investigado. Además, se solicitó preservar registros del Sistema de Inteligencia Nacional y del Ministerio de Seguridad.
La causa de Ochoa se suma a otras dos presentaciones judiciales por el mismo episodio. Una fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, y la otra por la legisladora Marcela Pagano. Esta última tramita ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, Misiones, donde el fiscal Fabián Martínez también pidió informes para establecer cómo ingresó Bolsonaro y si existían restricciones que impidieran su tránsito.
En esa causa se requirieron grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, los planes de vuelo y registros de pasajeros del avión privado utilizado, y la documentación sobre la contratación del servicio aéreo que trasladó al dirigente y a su familia.
Cómo fue el viaje
De acuerdo con la información oficial de Migraciones, Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas. La familia cruzó desde Foz do Iguaçu hacia Puerto Iguazú por el puente Tancredo Neves. Horas después, abordó un avión privado de Baires Fly que partió durante la madrugada del miércoles hacia Guayaquil, Ecuador, y desde allí continuó hacia Miami.
Migraciones aseguró que los cuatro presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país. Tampoco se había emitido una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detener al senador.
Por otra parte, el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto que Bolsonaro entregara sus pasaportes y no abandonara Brasil, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La diferencia entre una restricción judicial brasileña y una orden de captura internacional será clave para determinar qué obligaciones tenían las autoridades argentinas.
Próximos pasos
Las fiscalías aguardan ahora las respuestas de los organismos requeridos para establecer si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas medidas judiciales. La reconstrucción del itinerario, según las fuentes consultadas, depende de los registros que deben remitir Migraciones, las fuerzas de seguridad y Cancillería.
La información sobre el caso está en desarrollo y las fuentes consultadas coinciden en señalar que, por ahora, no hay una conclusión judicial sobre la existencia de una maniobra para facilitar la salida del senador brasileño.
