En la segunda audiencia del juicio oral unificado por los expedientes Hotesur y Los Sauces, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques expusieron ante el Tribunal Oral Federal N° 5 lo que describieron como un mecanismo permanente de reciclaje de activos para canalizar dinero de origen ilícito hacia el patrimonio familiar. Según informó Tucumán Digital, la acusación sostiene que la maniobra involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, que son los principales imputados del proceso. La Gaceta también dio cuenta de la reanudación de la audiencia en la causa Los Sauces-Hotesur.
El tribunal está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Durante la lectura del dictamen, el Ministerio Público Fiscal sostuvo de manera contundente que en la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A. ingresaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad de la firma. La empresa fue constituida en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner.
Las tres etapas de la maniobra
De acuerdo con la descripción de la acusación, el esquema se articuló en tres etapas. La primera fue la incorporación de bienes: la sociedad se capitalizó de forma progresiva con la compra de una decena de inmuebles, terrenos y hoteles ubicados en la Patagonia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La segunda etapa consistió en los alquileres simulados. Según los peritajes citados por los fiscales, el 88% del dinero facturado entre 2009 y 2016 provino de compañías vinculadas a Lázaro Báez (Grupo Báez) y a Cristóbal López junto con Fabián de Sousa (Grupo Indalo). Esas empresas habían sido beneficiadas previamente con contratos de obra pública, licencias de juego y beneficios impositivos estatales. La Fiscalía señaló que los arrendamientos eran innecesarios o tenían valores por encima del mercado.
La tercera etapa, según la acusación, fue la extracción de divisas. El dinero, ya presentado como producto de una actividad comercial legal, era retirado por la familia presidencial bajo los conceptos de devolución de préstamos, honorarios de directorio o liquidación de gastos personales.
Retiros y propiedades bajo sospecha
El escrito judicial remarcó que, del total de fondos movilizados por la firma, se registraron retiros por más de $10 millones hacia cuentas personales de la familia. Ese punto forma parte del núcleo de la imputación sobre el destino final del dinero.
La Fiscalía también puso bajo la lupa la adquisición de dos inmuebles utilizados como residencia habitual. Uno es la vivienda familiar de la calle Mascarello, en Río Gallegos. El otro es el departamento de la calle San José, en Buenos Aires, que fue comprado en 2015 mediante certificados en dólares y depósitos en efectivo. Ambas operaciones están investigadas por presuntas irregularidades bancarias.
Próximos pasos del juicio
La lectura de los requerimientos acusatorios continuará el próximo lunes 2 de noviembre con la presentación de la querella institucional a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esa etapa será previa al inicio de las declaraciones indagatorias.
Las fuentes consultadas no incluyen la respuesta de las defensas ni de los acusados a los puntos expuestos por la Fiscalía, por lo que esa información queda pendiente para las próximas audiencias.
