La investigación correspondiente es desarrollada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto en la audiencia correspondiente.
Como primer objeto, el representante del Ministerio Fiscal describió las circunstancias en las que se llevó a cabo la aprehensión, solicitando que se declare legal y legítima la misma.
A continuación, Rodríguez del Busto indicó que el objeto de la audiencia era la ampliación de los cargos. También solicitó la reformulación de los mismos, procediendo a describir los nuevos hechos.
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Como segundo punto, el investigador fiscal requirió la modificación de las medidas que pesan sobre la imputada, solicitando la prisión preventiva por el plazo de 45 días, fundamentando dicho pedido de detención en contra de la acusada.
El juez interviniente resolvió ordenar la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con colocación de dispositivo electrónico por el término de 45 días.
Los hechos
Primero:
A fines de 2022, la acusada manifestando tener contactos e influencias en el Instituto Provincial de la Vivienda- IPV y en la Legislatura provincial y presentándose como gestora, ofreció la adjudicación de una vivienda en la localidad de San Andrés a sabiendas de que no podía realizar esa transacción, a cambio de una suma de dinero de manera anticipada. En ese contexto, ante la llegada de la fecha de entrega pactada, ésta no se concretó, valiéndose de excusas y pretextos para poder cubrir la supuesta negativa de la entrega del inmueble prometido, ocasionando con su accionar un perjuicio económico a la persona damnificada por $3.150.000.
Segundo:
El 10 de noviembre de 2023, manifestando ser empleada de la Legislatura provincial y abogada de la UPCN con contactos en dicho gremio, se reunió con la víctima en un bar sito en avenida Sarmiento entre Junín y Maipú, de la ciudad Capital, donde le ofreció a este una vivienda en el barrio Manantial Sur a cambio de $2.200.000 para el terreno y $40.000 para gastos de escribanía, a sabiendas de que no podía realizar la misma.
En este contexto ante la llegada de la fecha de entrega pactada, la misma no se concretó, valiéndose la acusada de excusas y pretextos para poder cubrir la supuesta negativa de la entrega del inmueble prometido, ocasionando con su accionar un perjuicio económico por la $1.945.300.
Tercero:
El 23 de abril del 2026, simulando ser abogada que se dedicaba a recuperar viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, ofreció a la víctima una casa del mencionado instituto en el barrio Manantial Sur a cambio de $4.180.000, dinero que fue entregado por el perjudicado. En este contexto, ante la llegada de la fecha de entrega pactada, y al no concretarse la misma, se valió de diferentes excusas y pretextos para poder cubrir la supuesta negativa de la entrega del inmueble prometido, ocasionando con su accionar un perjuicio económico.
Cuarto:
El 10 de agosto de 2026, en horas de la mañana, la acusada entabló conversación con un chofer de la aplicación de viajes Uber, haciéndose pasar falsamente por abogada y miembro de la C.G.T., encargada de gestionar y entregar viviendas recuperadas del Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.) en el barrio Manantial Sur.
Aprovechándose de dicho engaño, logró que el hombre sirviera de intermediario para contactar a sus familiares. En ese contexto, el mismo 10 de agosto de 2026, a horas 16:30 aproximadamente, en la estación de servicio YPF ubicada en calle Bulnes y avenida Belgrano de San Miguel de Tucumán, la acusada le solicitó a la víctima la entrega de documentación personal y $150.000 con el ardid del "armado de carpeta" de la vivienda, monto que le fue entregado en el acto, como así también, le manifestó que debería pagar la cantidad de $5.000.000 como parte de pago a cuenta para obtener el terreno que tenía un valor de $12.000.000.
Posteriormente, el 11 de agosto de 2026, a horas 12:00 aproximadamente, se reunieron en el bar ubicado en calle Maipú 50 de la ciudad Capital. En dicha oportunidad, bajo la promesa de que en el plazo de un mes se le adjudicaría formalmente el inmueble, la persona damnificada le hizo entrega de $5.000.000. En ese mismo encuentro, la imputada persuadió a las víctimas para inscribirse en el sistema, solicitándoles documentación e induciéndolas a efectuar transferencias bancarias de $150.000 cada una, a nombre de su hija, ascendiendo el perjuicio económico total a la suma de $5.450.000.
