La iniciativa contempla una inversión millonaria para dar respuesta al avance de poderosas facciones narcos como Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
“Es una señal para decirle al crimen organizado que en poco tiempo no serán más los dueños de ningún territorio”, afirmó Lula en la presentación hecha en Brasilia. La iniciativa establece un plan destinado a asfixiar económicamente a grupos criminales, retomar el control en las prisiones, mejorar las investigaciones por homicidio y combatir el tráfico de armas.
A diferencia de las tradicionales incursiones policiales violentas, muy criticadas debido al saldo de víctimas inocentes en las favelas, el plan de Lula da Silva pone el foco en la inteligencia y las estructuras económicas de los grupos criminales.
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Para ello, el gobierno prevé recursos directos de 1.000 millones de reales (unos 200 millones de dólares) para 2026 y 10.000 millones de reales adicionales (US$ 2.000 millones) para que estados y municipios adquieran equipamiento especializado como drones, vehículos blindados y cámaras corporales.
La presentación, realizada en el Palacio de Planalto, ocurre pocas semanas después de que Lula abordara el combate al narcotráfico en Washington durante la reunión bilateral con su homólogo Donald Trump.
“Le dije al presidente Trump que si estaba dispuesto a encarar con seriedad el combate al crimen organizado, Brasil tenía experiencia y quería trabajar en conjunto”, señaló el mandatario. Ambos países firmaron en abril un acuerdo de intercambio de inteligencia y datos aduaneros para frenar el tráfico de armas y drogas.
El plan llega en medio de un debate sobre la posibilidad de que Estados Unidos designe al CV y el PCC como grupos terroristas, una denominación que rechaza el gobierno de Lula bajo el argumento de la soberanía.
El mandatario también señaló que el alcance del crimen organizado va mucho más allá de las zonas marginadas: “El responsable muchas veces está en el piso de arriba, con corbata y tomando whisky; y llegaremos allí”.
Entre las medidas figura también la implantación de estándares de seguridad máxima en las prisiones, para cortar el mando que líderes de las facciones ejercen desde las cárceles. Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo tras Estados Unidos y China.
Críticas al plan. En redes sociales el candidato a presidente Flavio Bolsonaro apuntó contra la iniciativa oficial: “Brasil no aguanta un discurso más de PowerPoint contra el crimen organizado” aseguró.
“Mientras Lula anuncia plan millonario, el PCC y el Comando Vermelho siguen expandiendo poder, dominando territorios y aterrorizando a la población” sostuvo el hijo del expresidente detenido por intento de golpe de estado.
Ministerio de seguridad. El gobierno envío al Senado Federal la Propuesta de Enmienda de la Constitución (PEC) que buscará la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que actualmente comparte espacio con el de Justicia.
“Siempre me negué a aprobar el Ministerio de Seguridad Pública mientras no tuviéramos definido cuál sería el papel del gobierno federal en seguridad pública”, dijo el mandatario.
La iniciativa es promovida a tan solo cinco meses de las elecciones presidenciales, donde la inseguridad ciudadana se ha consolidado como la principal preocupación de los brasileños y el flanco más explotado por la oposición. Según una encuesta del foro de Seguridad Brasileño, el 41% de los brasileños de 16 años o más afirmó notar la presencia del crimen organizado en el barrio donde vive. Ese porcentaje equivale a 68,7 millones de personas.
