El proyecto de Defensa de la Soberanía todavía no tiene consenso definitivo en la Cámara de Diputados. Según informó Clarín, un sector de los aliados del oficialismo pide que se retire un título completo de la propuesta, impulsada por el asesor Santiago Caputo, porque considera que abre una puerta riesgosa para la libertad de expresión. La Libertad Avanza confía en contar con los votos para aprobar sin cambios el dictamen firmado recientemente.
El despacho tuvo el acompañamiento del PRO y de la UCR, y también sumaron firmas Provincias Unidas y Argentina Federal. Sin embargo, de acuerdo con El Diario Paraná, esos espacios provinciales quedaron divididos. La diputada radical Karina Banfi sumó su monobloque a la disidencia, lo que modifica el panorama de la votación.
El título VII y los artículos cuestionados
El núcleo del reclamo está en el título VII, denominado « Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones ». Los aliados piden retirar los artículos 127 al 130, inclusive. Según explicó El Diario Paraná, ese fragmento fue modificado para asegurar las 60 firmas necesarias en el despacho de comisión y está vinculado, en cierta medida, con la libertad de expresión.
Los cambios apuntan a artículos del Código Penal y establecen sanciones con penas de prisión. El más controvertido es el nuevo artículo 129, que reemplaza al 111 de la versión original y busca penalizar la posible injerencia extranjera en un proceso electoral o en la opinión pública. El texto aclara que no alcanza a la actividad diplomática, al ejercicio del periodismo ni a la investigación académica.
Aun así, algunos diputados sostienen que el pasaje que alude a la injerencia mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas podría servir de excusa para perseguir a dirigentes opositores. Los disidentes advirtieron que, si el oficialismo no elimina esos artículos, los rechazarán en la votación en particular.
Otros tres artículos del título establecen penas por poner secretos del Estado a disposición de un país extranjero o de un servicio de inteligencia extranjero. También se prevén penas de prisión para quien colabore con la logística de una operación clandestina de inteligencia en el país por cuenta de un Estado extranjero.
Además, el título 5 otorga al proyectado Consejo de Seguridad la facultad de revisar y dar conformidad a operaciones de inversión de un Estado extranjero, o de una persona jurídica controlada por este, vinculadas a defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería. La intervención se daría cuando estén involucradas las denominadas infraestructuras críticas, cuya determinación también quedaría a cargo de ese Consejo.
El trasfondo: Malvinas, Sea Lion y la preocupación de Estados Unidos
Según la información publicada, el proyecto enviado por la Casa Rosada busca ratificar la defensa de la soberanía en las Malvinas, proteger los recursos naturales y endurecer las sanciones ya previstas en la legislación argentina. La discusión se desarrolla en medio de la polémica por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que es administrado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.
Las tensiones aumentaron cuando Estados Unidos expresó su preocupación por la posibilidad de que las penalidades propuestas alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas, según relató El Diario Paraná.
En paralelo, la diputada Agustina Propato impulsó una iniciativa para que el tránsito de buques hacia las Malvinas « no constituya un Paso Inocente ». De acuerdo con Primera Fuente, la propuesta modifica el régimen de autorización previa establecido en el DNU 256/10, en nombre de la « defensa de nuestra integridad territorial ».
Hamburgo: la delegación ante el Tribunal del Mar
Por otra parte, Misiones Online informó que el Gobierno nacional prepara una delegación para pedir que se frene la explotación petrolera ante el Tribunal del Mar. Las audiencias se realizarán en Hamburgo, Alemania, los días 10 y 11 de noviembre, y el Gobierno definirá quiénes viajarán. Los embajadores Mario Oyarzábal y Betina Pasquali de Fonseca ya fueron designados como representantes oficiales, mientras continúa la evaluación de otros integrantes de la delegación.
La Gaceta también dio cuenta de la preparación de la delegación argentina para frenar el avance de la explotación petrolera británica. Según esa misma publicación, el tema figura asociado a Javier Milei y Pablo Quirno, aunque las fuentes consultadas no detallan qué rol cumplirían en ese proceso.
De cara a la votación en Diputados, Clarín señaló que la Libertad Avanza cree que tendrá los votos para aprobar el proyecto el próximo 12 de noviembre. El desenlace dependerá de si el oficialismo acepta modificar los artículos cuestionados o si mantiene el texto del dictamen, que hoy concentra las principales objeciones de los aliados.
