El Gobierno nacional avanza en la redacción final de un decreto que habilitará el uso de fondos provenientes de privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales para financiar el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, ya superó distintas instancias técnicas y administrativas dentro del gabinete y podría oficializarse en los próximos días. El objetivo es crear una fuente específica de financiamiento para el área de Defensa en medio del programa de reducción del Estado y privatización de empresas públicas.
Según el esquema que analiza la Casa Rosada, el 10% de los recursos obtenidos por futuras privatizaciones, licitaciones y concesiones quedará destinado al Ministerio de Defensa. Además, el 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes pertenecientes al Ejército Argentino, la Armada Argentina o la Fuerza Aérea volverá directamente a esas estructuras.
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Hasta ahora, esos fondos ingresaban al Tesoro Nacional sin una asignación específica. Con el nuevo mecanismo, el oficialismo busca garantizar reinversión en infraestructura, equipamiento y capacidad operativa para las fuerzas militares.
El proyecto fue promovido por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de contar con financiamiento estable para sostener compras estratégicas, obras y modernización tecnológica. La propuesta recibió avales técnicos de distintas áreas del Gobierno, entre ellas Economía y Legal y Técnica.
Desde el oficialismo consideran que las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de deterioro acumulado tras años de restricciones presupuestarias y falta de inversión. Por eso, apuntan a recuperar capacidad de despliegue, vigilancia y control en zonas consideradas estratégicas.
Obras e infraestructura militar
El decreto no estará enfocado únicamente en la compra de armamento. También habilitará inversiones en infraestructura crítica, como hangares, arsenales, pistas aéreas, bases operativas, sistemas logísticos, comunicaciones y modernización edilicia en distintas unidades militares del país.
Uno de los proyectos prioritarios para el Gobierno es la construcción de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada clave por su valor geopolítico y su cercanía con el Atlántico Sur y la Antártida.
En la Casa Rosada sostienen que el fortalecimiento de esa región resulta estratégico debido al aumento de la competencia internacional, el control de rutas marítimas sensibles y la vigilancia de espacios vinculados al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
F-16, blindados y submarinos
La medida se enmarca dentro de una serie de movimientos que el Gobierno presenta como parte de una nueva política de Defensa. El ejemplo más importante fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, destinada a recuperar la capacidad supersónica de la Fuerza Aérea tras la salida de servicio de los Mirage.
Sin embargo, en Defensa remarcan que este tipo de adquisiciones requiere inversiones adicionales en simuladores, bases, entrenamiento, mantenimiento y logística, lo que vuelve necesario contar con financiamiento permanente.
En paralelo, el Ejército avanzó con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, orientados a mejorar la movilidad táctica y la capacidad de despliegue rápido.
La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. La eventual incorporación de nuevos submarinos continúa bajo análisis técnico y financiero.
Fondos atados al plan de privatizaciones
El financiamiento dependerá directamente del avance del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno bajo el paraguas de la Ley Bases. Ese esquema contempla la venta de participaciones estatales, concesiones de infraestructura y desprendimiento de activos públicos.
Entre las operaciones más recientes aparece el avance sobre la participación estatal en Transener, una de las empresas más importantes del sistema de transporte eléctrico argentino.
Dentro de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de reinvertir parte de los fondos obtenidos por la venta de bienes propios es interpretada como una respuesta a un reclamo histórico: evitar que los activos militares sean liquidados sin generar mejoras concretas para las estructuras operativas.
En el Gobierno reconocen que el desafío principal será sostener en el tiempo las inversiones y evitar los problemas de programas anteriores, donde distintas compras militares quedaron limitadas por falta de mantenimiento, repuestos o capacitación.
Con esta decisión, la administración de Javier Milei busca enviar una señal política hacia el sector militar y consolidar una estrategia de modernización basada en financiamiento proveniente del proceso de reducción de la presencia estatal en la economía.
