La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III del Ministerio Fiscal, conducida por la fiscal Alejandra Navarro, lleva adelante la investigación del caso que culminó con medidas de coerción de máxima intensidad para los acusados.
El hecho delictivo ocurrió el pasado sábado 13 de junio de 2026, alrededor de las 02:50 horas. Según la acusación, los imputados, identificados como Néstor Ismael Lezana, Ángel Alberto Ruiz, Facundo José “Caco” Marazza y Matías Villagrán, actuaron de manera coordinada y con una distribución previa de funciones. A bordo de un automóvil Fiat Cronos de color oscuro, se dirigieron al predio de la firma de transporte en avenida Colón al 1200.
Mientras parte del grupo brindaba apoyo logístico y aseguraba la posterior huida desde el vehículo, dos de los delincuentes ingresaron al inmueble por la parte trasera, sobre calle Baltazar Aguirre. Una vez adentro, redujeron por la fuerza al sereno del lugar. Utilizando un arma de fuego para amedrentarlo, lo maniataron y amordazaron con cinta adhesiva. Bajo amenazas de muerte, le exigieron que revelara la ubicación del dinero.
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Con la situación controlada, uno de los atacantes se dirigió al sector de tesorería y se apoderó de una caja fuerte de pequeñas dimensiones que contenía $1.995.607,42 en efectivo. Además, el grupo se adueñó de 21 camperas térmicas marca Columbia, seis pares de zapatillas nuevas (de marcas Puma y Adidas) y dos teléfonos celulares Samsung Galaxy A06 sin abrir. Tras el atraco, huyeron hacia el Barrio 156 Viviendas de Las Talitas, donde descargaron el botín en la propiedad de un conocido de la zona.
Se constató que el imputado Lezana portaba una pulsera electrónica de monitoreo al momento del robo. Los registros de geolocalización del dispositivo satelital corroboraron paso a paso su desplazamiento exacto desde su domicilio particular hasta las inmediaciones de la empresa de transporte en el horario del asalto, su paso posterior por Las Talitas y su regreso final a la residencia.
Calificación y medidas
El Ministerio Fiscal calificó provisoriamente el legajo bajo la carátula de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en calidad de coautores.
Durante la audiencia formal, el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía expuso las evidencias recolectadas y requirió la medida de prisión preventiva por el término de tres meses para los acusados, argumentando los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. A pesar de la férrea oposición de la defensa técnica de uno de los imputados, el juez actuante resolvió rechazar los planteos defensivos y dar lugar en su totalidad a lo solicitado por el MPF, ordenando el inmediato traslado de los civiles al servicio penitenciario.
