Un inversor que se considera perjudicado por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y de otros nueve imputados. Según informaron distintos medios, la presentación fue hecha por Juan Patricio Marchetto y busca que el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sea revocado para que la investigación por presunta estafa continúe.
El escrito tiene 40 páginas y está patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. El magistrado dictó el sobreseimiento de los once imputados a instancias de la fiscalía, sin que ninguno de ellos fuera llamado previamente a prestar declaración indagatoria. Marchetto ya había sido apartado del rol de querellante por decisión del juez, medida que fue confirmada por la Cámara Federal y que actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Cuestionamientos al juez y al fiscal
En la apelación, Marchetto sostiene que Martínez de Giorgi incurrió en «contradicciones» y «confusiones» al fundamentar su resolución, que realizó una «valoración fragmentaria» de las pruebas y que recurrió a una «fundamentación aparente» para justificar los sobreseimientos. Uno de los ejes del recurso señala que el juez habría confundido la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito, al concluir que los hechos no encuadraban en ninguna figura penal cuando todavía quedaban medidas pendientes.
El apelante también apunta contra el fiscal Eduardo Taiano. Le reprocha demoras en la producción de pruebas, la falta de citación de testigos y el pedido de cierre de la investigación antes de que se completaran diligencias que la propia fiscalía había considerado necesarias. Entre las medidas pendientes, el escrito menciona la ampliación de pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados como personas que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
Además, la querella menciona testigos que, a su criterio, nunca fueron citados a declarar, entre ellos Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Davis en la Argentina.
Llamadas y movimientos previos al posteo
El núcleo de la presentación son las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores del criptoactivo investigados. Según los registros citados en el recurso, Novelli llamó al presidente en tres oportunidades y recibió otra llamada de él en los minutos previos a la publicación del 14 de febrero de 2025, mediante la cual Milei promocionó el criptoactivo en la red social X.
El escrito también destaca los movimientos de dinero registrados poco antes de la difusión. De acuerdo con la reconstrucción que figura en el expediente, 74 billeteras virtuales realizaron 87 operaciones por unos 13,5 millones de dólares alrededor de 22 segundos antes del mensaje presidencial. Para el apelante, esos datos no pueden evaluarse de forma aislada.
«Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento», destaca el escrito de Marchetto.
Según el damnificado, la Justicia debe establecer si hubo coordinación entre quienes prepararon el proyecto, quienes operaron antes de su difusión pública y la intervención del presidente. El recurso cuestiona, a su vez, que no se haya profundizado en el destino de los fondos aportados por los compradores, en la identidad de quienes los recibieron y en los vínculos que podrían mantener con los organizadores del lanzamiento.
La discusión sobre la legitimación
Un punto que deberá resolverse es la situación procesal del propio apelante. Como fue excluido como querellante, Marchetto invocó la figura de «pretenso querellante» para presentar el recurso antes de que los sobreseimientos queden firmes. Sostiene que tiene derecho a impugnar una decisión que podría cerrar definitivamente el expediente, y que de lo contrario la definición sobre su carácter de querellante podría llegar demasiado tarde.
La admisibilidad de la apelación dependerá de que se reconozca su legitimación para recurrir, una cuestión que todavía no está resuelta. Si el planteo prospera, una instancia superior deberá revisar el fallo que benefició al presidente, a su hermana y al resto de los imputados.
