Sobre el cierre del primer semestre educativo, las universidades nacionales volverán a paralizar sus actividades en reclamo por el cumplimiento íntegro de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que continúa sin ser aplicada por el Gobierno a la espera de una resolución judicial. La implementación de esta ley resulta vital para el sector, ya que garantiza los fondos operativos, los salarios de los trabajadores, las becas estudiantiles y la inversión en infraestructura.
La contundente medida de fuerza fue anunciada por la federación CONADU, que nuclea a los gremios docentes de todo el país, y se extenderá desde el 16 hasta el 20 de junio. Para visibilizar el reclamo, el sindicato organizará clases públicas en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo protestas frente a los tribunales en la ciudad de Buenos Aires y actividades centrales en Rosario.
A través de un comunicado oficial, el gremio advirtió que el plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente, a la espera de una oferta formal que pueda ser bajada a consulta de las bases. En simultáneo, elevaron una dura presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la gestión nacional, denunciando la falta de respuestas al pedido de convocatoria a la negociación paritaria.
Publicidad
Publicidad
El anuncio del paro se da luego de una reunión clave entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En ese encuentro, el Gobierno acercó una oferta salarial que ronda el 21,33% para el sueldo de junio más un 3% en octubre, junto con una suba del 20% para gastos de funcionamiento y partidas extra para hospitales universitarios. Sin embargo, los gremios exigen una recomposición del 45,6% para empatar la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Como condicionante adicional, la Casa Rosada solicitó que las autoridades académicas retiren el litigio que mantienen en la Corte Suprema, una exigencia que fue rechazada de plano.
Un nuevo revés judicial para el Ejecutivo
La tensión en las calles tiene su correlato directo en los tribunales, donde la Corte Suprema de Justicia le propinó un nuevo revés al Gobierno al rechazar una presentación que buscaba trabar el avance de la causa impulsada por el CIN para exigir los fondos.
En un fallo firmado este 4 de junio, el máximo tribunal desestimó la queja del Poder Ejecutivo, que intentaba recusar y apartar de la causa al juez de primera instancia Diego Martín Cormick y a un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. El Estado argumentaba que estos jueces no debían intervenir porque se desempeñan como docentes en universidades públicas, formando parte del colectivo demandante.
Sin embargo, la Corte rechazó el planteo de forma categórica. Los magistrados sostuvieron que la simple actividad docente en una institución pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio. Asimismo, advirtieron que los mecanismos de recusación son de carácter excepcional y que forzar el apartamiento de un juez por fuera de lo previsto en la ley terminaría afectando el principio constitucional del juez natural y el normal funcionamiento del sistema de justicia.
Los Primeros
