La Asociación del Personal del Tribunal de Cuentas de Tucumán (APETCRA) envió una carta documento a Silvio Bellomío en la que le exige que se retracte de las acusaciones que formuló contra el organismo que preside Miguel Terraf. Según la fuente consultada, la intimación está fechada el 26 de octubre y otorga un plazo de 48 horas desde su recepción para cumplir con el reclamo. Además, advierte sobre posibles acciones judiciales.
La controversia tiene su origen en las declaraciones que Bellomío realizó en el programa El Avispero, donde denunció corrupción, persecución política y presuntas irregularidades en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, organismo de control de los recursos públicos de la provincia. Durante la entrevista, el dirigente afirmó: “El Tribunal de Cuentas, lamentablemente es un antro, un antro de corrupción total”. También calificó a los vocales de “pusilánimes”.
Bellomío sostuvo además que fue perseguido durante más de 23 años por el organismo. “No me sentí perseguido. Fui perseguido”, afirmó. Según su relato, se habría intentado ocultar una investigación interna que lo desvinculaba de responsabilidades. También cuestionó el uso del control preventivo para bloquear expedientes, demorar pagos y perjudicar a quienes resultan incómodos al poder político.
Las acusaciones contra el Gobierno y el Impuesto a las Ganancias
Al referirse a quienes se benefician con la continuidad de Terraf al frente del organismo, Bellomío señaló: “Las autoridades de turno, el Gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo sobre todo en particular”. Las fuentes consultadas no incluyen una respuesta del Gobierno de la provincia ni del Poder Ejecutivo a esas expresiones.
En otro tramo de la entrevista, acusó a las autoridades del Tribunal de no pagar el Impuesto a las Ganancias y las calificó de evasoras: “Encima son evasores”, lanzó. Las fuentes no detallan documentación que respalde esa afirmación ni una respuesta del organismo sobre ese punto.
La respuesta del gremio
APETCRA respondió mediante una carta documento, firmada por sus autoridades, en la que considera que las expresiones de Bellomío constituyen “un ataque injustificado, infamante y de extrema gravedad institucional”. La entidad sostiene que calificar al organismo como un “antro de corrupción” mancilla el trabajo de contadores, abogados, auditores y empleados administrativos.
El gremio también rechaza las denuncias de persecución y advierte que esas acusaciones deslegitiman a una institución constitucional encargada del control de los recursos públicos. Por ese motivo, exige una retractación pública, expresa y categórica en los mismos medios donde se difundieron los cuestionamientos. Si no se cumple, anticipa que promoverá acciones judiciales, administrativas y de reparación de daños.
Las fuentes no informan si Bellomío respondió a la intimación ni si el plazo de 48 horas ya venció, por lo que el reclamo permanece abierto a la fecha de las publicaciones consultadas.
La reacción de Roque Galeano
La intimación generó una respuesta del periodista Roque Galeano, conductor de El Avispero. Galeano cuestionó que las autoridades del organismo y el gremio dediquen tiempo a responder críticas públicas mediante cartas documento y se preguntó: “¿El nuevo trabajo de Terraf y del gremio es mandar cartas documento?”. Luego agregó: “¿Los recursos de los tucumanos no son importantes como para que gasten el tiempo en esto?”.
El periodista también se dirigió directamente al titular del organismo: “Presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Coco Terraf, usted es un empleado de todos los tucumanos. Si no le gustan los cuestionamientos públicos de la cosa pública, dedíquese a otra cosa”, expresó. Y al defender el derecho a cuestionar el funcionamiento de las instituciones, remarcó: “El periodismo está justamente para investigar, para opinar también”.
De este modo, la disputa entre Bellomío y el Tribunal de Cuentas sumó un nuevo capítulo que va más allá de las denuncias iniciales. Mientras APETCRA exige una retractación y amenaza con recurrir a la Justicia, los cuestionamientos de Galeano abren el debate sobre el escrutinio público al que deben someterse los funcionarios y los organismos encargados de controlar los recursos de los tucumanos.
